El gasto público se puede clasificar de varias maneras. Una distinción importante es la que se hace entre gasto corriente y gasto de capital.
Por un lado tenemos al gasto corriente. Este se destina al funcionamiento normal de la administración pública e incluye los salarios de los funcionarios, la compra de bienes y servicios de consumo (material de oficina, energía, etc.) y el pago de los intereses de la deuda pública.
Por otro lado, existe el gasto de capital, que es la inversión realizada por el Estado en la creación o mejora de infraestructuras a largo plazo, como carreteras, hospitales, escuelas o redes de comunicación.
Otra clasificación clave distingue entre las compras de bienes y servicios y las transferencias.
Las compras de bienes y servicios (que forman parte del PIB) implican una contraprestación directa (por ejemplo, el gobierno paga a una empresa para construir un puente).
Las transferencias, en cambio, son pagos que realiza el Estado sin recibir nada a cambio, como las pensiones, las prestaciones por desempleo o los subsidios.
Desde una perspectiva macroeconómica, el gasto público es un componente de la demanda agregada (G), y los gobiernos pueden aumentarlo o disminuirlo para intentar estabilizar la economía y combatir las recesiones o la inflación.