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Anarcocapitalismo
Corriente política y económica que propone la eliminación completa del Estado. Sostiene que todas las funciones gubernamentales, incluidas la seguridad y la justicia, deben ser gestionadas por el sector privado en un mercado libre basado en la propiedad privada y los contratos voluntarios.
El anarcocapitalismo es una corriente política y económica que aboga por la abolición total del Estado y la organización de la sociedad mediante el libre mercado y el derecho de propiedad. Su pilar ético es el principio de no agresión, que prohíbe el uso de la fuerza o la coacción contra las personas y sus bienes.
El Estado, institución ilegítima
Para el anarcocapitalismo, el Estado es una institución ilegítima por financiarse con impuestos coactivos y ejercer el monopolio de la ley y la violencia. Su origen moderno combina el liberalismo clásico de John Locke con la economía de la Escuela Austríaca.
El término fue acuñado y la teoría sistemáticamente desarrollada a mediados del siglo XX por el economista e historiador Murray N. Rothbard, su figura más influyente. En obras como La ética de la libertad, Rothbard argumentó que los derechos de propiedad son absolutos y que un mercado sin trabas podría proveer todos los bienes y servicios, incluida la seguridad y la justicia, a través de agencias de protección y arbitraje privadas que competirían entre sí.
Otros pensadores clave del anarcocapitalimo son David D. Friedman, quien defiende esta sociedad desde un punto de vista utilitarista, y el precursor del siglo XIX Gustave de Molinari, que ya teorizó sobre la producción privada de la seguridad.
Esta corriente se distingue de otras formas de anarquismo que rechazan la propiedad privada y el capitalismo. Sus defensores sostienen que el mercado es el sistema más eficiente y ético para la cooperación humana, ya que se basa en acuerdos voluntarios.
El anarcocapitalismo enfrenta críticas que cuestionan su viabilidad, argumentando que podría conducir a la opresión por parte de monopolios privados de la fuerza, no garantizaría la protección de los más vulnerables o sería incapaz de gestionar bienes públicos y externalidades sin una autoridad central.