El objetivo principal del comercio justo es asegurar que los pequeños productores y trabajadores de países del denominado Sur Global reciban una remuneración justa por su trabajo, que les permita cubrir sus costes de producción y vivir con dignidad.
Para ello, se establece un «precio mínimo de comercio justo» que actúa como una red de seguridad, protegiéndolos de la volatilidad de los precios del mercado. Además, se paga una «prima de comercio justo», un monto adicional que la cooperativa de productores —principalmente de café, cacao, azúcar, té, plátanos y artesanía— invierte en proyectos de desarrollo para la comunidad, como mejoras en infraestructuras, educación o sanidad.
Este modelo no se limita al aspecto económico, sino que integra criterios sociales y medioambientales rigurosos. Exige el respeto de los derechos humanos y laborales, prohibiendo el trabajo infantil y forzoso, garantizando la libertad de asociación y promoviendo condiciones de trabajo seguras.
Desde el punto de vista ambiental, el comercio justo fomenta prácticas agrícolas sostenibles, la protección de la biodiversidad y la reducción del uso de pesticidas y otros productos químicos, incentivando la transición hacia la producción ecológica.