Esta crisis fue consecuencia directa de la crisis financiera global de 2008. Los rescates bancarios, la caída de ingresos fiscales y el aumento del gasto social por el desempleo dispararon los déficits y la deuda pública de muchos países europeos.
Los mercados financieros comenzaron a dudar de la solvencia de ciertos Estados, especialmente los de la periferia europea. Como resultado, empezaron a exigirles tipos de interés mucho más altos, lo que creó un círculo vicioso: a mayor duda, más caros los intereses y más difícil era pagar la deuda.
El detonante fue la revelación a finales de 2009 de que Grecia había estado falseando sus estadísticas de déficit público. Esto generó una ola de pánico que se extendió rápidamente a otros países considerados vulnerables como Irlanda, Portugal, España e Italia.
La crisis expuso las debilidades estructurales de la eurozona: una unión monetaria sin una unión fiscal o bancaria que la respaldara. La falta de mecanismos de solidaridad y las dudas sobre la voluntad política para actuar agravaron la desconfianza de los mercados.
Para evitar el colapso del euro, las instituciones europeas y el FMI implementaron rescates masivos para Grecia, Irlanda y Portugal. Estos préstamos estaban condicionados a la aplicación de duras políticas de austeridad, como recortes drásticos del gasto público y subidas de impuestos.
El punto de inflexión llegó en julio de 2012, cuando el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, aseguró que haría «todo lo que sea necesario para salvar el euro». Sus palabras calmaron a los mercados, aunque la crisis dejó profundas cicatrices sociales y económicas.