E
Economía planificada
Sistema económico en el que las decisiones fundamentales sobre la producción, la inversión y la distribución de bienes y servicios son tomadas por una autoridad central, generalmente el Estado, en lugar de por el mercado.
La economía planificada, también conocida como economía centralizada o de planificación central, es un modelo en el que el Estado asume el control total o casi total de la actividad económica. En este sistema, una agencia de planificación central elabora planes que dictan qué bienes producir, en qué cantidades y a qué precios vender.
La propiedad de los medios de producción es mayoritariamente estatal, y las empresas actúan como meras ejecutoras de las directrices del plan, sin autonomía. Los precios no se determinan por la oferta y la demanda, sino que son fijados administrativamente por la autoridad central.
El objetivo teórico de este sistema es asignar los recursos de acuerdo con las prioridades sociales establecidas por el gobierno, buscando garantizar el pleno empleo y una distribución de la renta más equitativa. Este modelo fue adoptado por los estados socialistas del siglo XX, como la Unión Soviética, y por países como Cuba o Corea del Norte.
Graves problemas
Sin embargo, las economías planificadas han enfrentado graves problemas en la práctica. La enorme complejidad de coordinar una economía moderna desde un único centro de decisión conduce a ineficiencias masivas, escasez de algunos bienes y excedentes de otros.
La falta de un sistema de precios de mercado que refleje la escasez de los recursos dificulta el cálculo económico y la asignación eficiente. Además, la ausencia de competencia y de incentivos a la innovación suele resultar en baja calidad y estancamiento, lo que ha llevado al colapso o reforma de la mayoría de estos sistemas.
Una alternativa a la economía planificada es la planificación indicativa, que es propia de las economías mixtas o las de los denominados países socialdemócratas. En ellas, el gobierno de turno —a través del poder coercitivo de los resortes del Estado— no impone metas obligatorias, sino que orienta al sector privado mediante incentivos (ayudas y subvenciones) y puniciones (legislación, burocracia e impuestos) para alcanzar supuestos objetivos estratégicos.