Los defensores de la privatización argumentan que su principal objetivo es mejorar la eficiencia y la gestión, al considerar que las empresas privadas son más ágiles y competitivas que el sector público. Además, busca reducir el déficit y la deuda pública, tanto por los ingresos obtenidos de la venta como por el ahorro en subvenciones a empresas públicas deficitarias.
Otro objetivo clave de la privatización es fomentar la competencia en el mercado. Al eliminar monopolios estatales y permitir la entrada de nuevos actores, se espera una mejora en la calidad de los servicios y una reducción de los precios para los consumidores. Esto se alinea con la creencia de que el mercado es el asignador más eficiente de recursos.
Finalmente, los detractores de las privatizaciones señalan que puede llevar a la pérdida de control sobre sectores estratégicos y a una menor calidad si la búsqueda de beneficios se antepone al interés público. Existe el temor de que servicios esenciales, como la sanidad o la educación, se vuelvan menos accesibles para la población si se rigen únicamente por la lógica del mercado.