«Para mí la mandra,
para ti el mantra»
Santi Sanz
En los puertos de montaña, la mandra es el refugio del pastor: el cobijo de piedra donde se guarece él y su rebaño cuando arrecia la tormenta. En cambio, el mantra es la cantinela que se repite sin parar hasta que deja de pensarse y solo se recita. Todo esto viene a cuento porque es exactamente lo que ocurre con el discurso contra los «superricos»: unos pocos se aseguran su mandra particular —patrimonio, recursos públicos y privilegios institucionales— mientras al resto se le entrega el mantra de la lucha contra la desigualdad como único consuelo. Abriga poco, la verdad.
Sumar es restar
El 17 de septiembre de 2026, Sumar registró en el Congreso una proposición de ley para crear un «gravamen sobre la concentración de riqueza»: un tipo del 3% sobre la parte del patrimonio neto que supere los 50 millones de euros. Según sus propios cálculos, afectaría a unos 1.500 contribuyentes y recaudaría alrededor de 4.200 millones de euros al año. Naturalmente, desde el mismo grupo político aprovecharon la ocasión para referirse a que la legislación afectaría a las fortunas que hay detrás de la multinacional Inditex —el mayor grupo de distribución de moda del mundo— y a Mercadona —el líder del sector de la distribución alimentaria y supermercados en España por cifra de ventas—.
Este movimiento de Sumar —pendiente de que la Mesa del Congreso acuerde su admisión a trámite— es solo el último episodio de un mantra que la izquierda y la extrema izquierda repiten con una constancia envidiable, tanto en España como allende de los mares: hay que ir a por los superricos. El mitin y la algarabía cambian de fecha, el escenario cambia de ciudad, pero el guion se mantiene intacto: unos cuantos acumulan demasiado, el resto sufre las consecuencias, y la solución siempre pasa por gravar algo más lo que otros sembraron.
Es un mantra que funciona bien en el atril: corto, indignado, fácil de aplaudir. Lo que nunca se explica en el mismo atril es quién plantó la semilla que se transformó en esos gigantes empresariales, quién sufrió las heladas y las sequías, ni quién arriesgó su capital para que después hubiera algo que cosechar y, sobre todo, algo que repartir.
El impuesto de Sumar apunta directamente a Inditex y Mercadona: las dos empresas que contratan a más personas en España.
Economía circular perfecta
Amancio Ortega fundó Inditex. Juan Roig convirtió Mercadona en una de las mayores empresas españolas. Se podrá discutir su carácter, sus opiniones o sus filosofías empresariales (artículo 20.1.a) de la Constitución Española), pero no que detrás de sus fortunas hay empresas, productos y empleos reales.
Entre ambas compañías suman más de 278.000 empleos directos. Y por si alguien pensaba que esas empresas viven de espaldas al Estado, Mercadona por sí sola aportó 3.400 millones de euros en impuestos en 2025: 690 millones por impuesto sobre beneficios, 1.100 millones a la Seguridad Social, 719 millones de IVA recaudado y otros 880 millones entre IRPF y cotizaciones de sus propios trabajadores. Sus trabajadores cobran salarios, pagan cotizaciones y financian, mediante impuestos, las instituciones desde las que después se recita el mantra contra la excesiva acumulación de riqueza.
Es la economía circular ideológica perfecta: el empresario siembra, invierte y asume el riesgo de que la cosecha se pierda por completo; de manera coercitiva el Estado recauda una parte ya crecida y sin haber puesto una sola semilla; y una porción de esa recaudación termina financiando el atril desde el que se explica que quien sembró acumula demasiado.
El gran objetivo declarado del nuevo gravamen de Sumar es financiar un Fondo de Protección a la Infancia y una futura prestación universal por crianza. Objetivo noble donde los haya. El problema es que, incluso en el mejor escenario, los 4.200 millones recaudados cubrirían apenas el 22% del coste estimado de esa prestación.
Es como anunciar a bombo y platillo que vas a comprar un piso porque te has encontrado 20 euros en la calle. El gesto queda muy fotogénico; la aritmética, mucho menos.
¿De qué sirve recaudar 4.200 millones si la promesa cuesta cuatro veces más?
Cuestión de prioridades
Y aquí llega el episodio que mejor resume todo lo anterior. Tras la dana (depresión aislada en niveles altos) de Valencia de octubre de 2024, la Fundación Amancio Ortega anunció en cuestión de días un fondo extraordinario de 100 millones de euros, repartido directamente entre 40 ayuntamientos afectados, con el único objetivo declarado de que el dinero llegara «de la forma más ágil, rápida y efectiva» posible. Por su parte, Juan Roig, no se limitó a poner dinero: se desplazó en persona y con botas de agua a las zonas afectadas para evaluar los daños, visitar tiendas y hablar directamente con vecinos, comerciantes y trabajadores, mientras Mercadona destinaba 40 millones de euros a sus propios empleados afectados y otros 25 millones a pymes y autónomos a través de la plataforma Alcem-se!, alojada en la lanzadera de apoyo a emprendedores denominada Marina de Empresas.
Entre Ortega y Roig, más de 200 millones de euros movilizados en semanas. Mientras tanto, ¿qué hacía el Estado a través del Gobierno central —su brazo ejecutor—, con muchos más ceros en el presupuesto? El mismo 30 de octubre de 2024, el día después de la tragedia, el Congreso mantuvo su actividad parlamentaria para tramitar la renovación del Consejo de Administración de RTVE. El proceso se resolvió en dos semanas exactas: primera votación fallida el 12 de noviembre, aprobación definitiva el 14, publicada en el BOE una semana después. El reparto de sillones y millones a costa de la televisión pública no admitía demora ni dilación alguna.
Las ayudas a los damnificados, en cambio, sí. Siete meses después de la catástrofe, en mayo de 2025, el Gobierno central acumulaba 2.388 millones de euros pagados en conceptos diversos —cifra que ni siquiera incluye los 2.972 millones que cubrió el Consorcio de Compensación de Seguros con el dinero de las propias pólizas—.
Pero dentro de esa cifra general se escondía la partida que de verdad urgía a los damnificados: las ayudas de primera necesidad, con solo 84,8 millones pagados y apenas 4.210 familias cobradas de las 43.592 que las habían solicitado, un 9,6%. Cincuenta familias con un fallecido en casa todavía esperaban su indemnización. La Generalitat, algo más diligente, había pagado 508,6 millones de los 1.010 millones comprometidos: justo la mitad.
Repartir sillones y sueldos impúdicos en la televisión pública: dos semanas. Repartir ayudas de primera necesidad a quien lo había perdido todo: siete meses. Y es que siete meses después, menos de una de cada diez familias solicitantes de ayudas había visto un euro. Cada administración tiene sus prioridades, y las prioridades, como se ve, no siempre coinciden con las de quienes de verdad tenían el agua por las rodillas.
El Congreso repartió los sillones y los sueldos impúdicos del Consejo de RTVE en dos semanas... pero siete meses después de la dana, solo 1 de cada 10 familias había cobrado.
Conviene hacer una salvedad: comparar una donación privada puntual con la gestión de decenas de miles de expedientes administrativos no es una equivalencia perfecta. Ortega y Roig le dieron a un botón y algo más; el Estado tuvo que tramitar, verificar y resolver 43.592 solicitudes individuales, cada una con su propia casuística.
La asimetría de complejidad es real y merece reconocerse. Pero esa misma asimetría es, precisamente, la que debería justificar más agilidad, no menos: un Estado con maquinaria burocrática permanente, presupuesto multimillonario y la obligación legal de responder ante una catástrofe tiene menos excusas para tardar siete meses que una fundación privada sin esa estructura. La brecha de tiempos no se explica solo por la diferencia de procedimientos; se explica por la diferencia de prioridades.
El mantra no alimenta a nadie
Amancio Ortega necesita vender millones de prendas cada temporada. Juan Roig debe convencer cada día a miles de clientes para que llenen sus carros de la compra. Quien recita el mantra contra los superricos solo necesita un atril, un aplauso y una cosecha ajena que repartir según el cálculo electoral del momento. Cada cual tiene su modelo de negocio, y cada cual construye su mandra a su manera: unos sembrando bajo el sol y la lluvia, otros administrando lo que crece en el campo del vecino y decidiendo, desde la comodidad del despacho, a quién le toca más ración.
La próxima vez que alguien suba a un escenario a denunciar la acumulación de riqueza ajena, quizá convenga preguntarse quién sembró lo que ese alguien se limita a repartir con la boca. Porque unos siembran y cosechan y, llegado el caso, reparten esa misma cosecha entre ayuntamientos en cuestión de días, y otros solo tienen el mantra para hacer compañía a sus ovejas mientras fuera arrecia la tormenta.
Santi Sanz